¡Que actue el mercado!

Aún me parece increíble ¿Alguien duda acerca de que los que rigen las empresas -por lo menos, aquellas con ánimo de lucro- tengan una razón o motivación básica distinta de la de obtener beneficios, sean estos dinerarios o no? Nadie ¿No? Aún más: afirmo que no puede ser de otra manera, ni es deseable, pues ¿quién querría meterse en semejante fregado -gestionar un colectivo en permanente conflicto- sin obtener a cambio un mínimo rendimiento, ya sea objetivo, ya sea subjetivo? Nadie ¿No les parece?

Entonces ¿Por qué hay constructoras que obran y edifican viviendas de protección oficial (VPO)? ¿Por un mero y caritativo servicio público? Claro que no: ganan dinero, no nos puede caber la menor duda y no nos dejemos engañar. Y si así es ¿Por qué no se intensifica ya -sabiendo que es una política a largo plazo- la obligación de construir VPO como contraprestación a los permisos de construcción de viviendas de renta libre? No podrá ser por temas económicos, pues es seguro que las constructoras beneficios obtienen: la lógica de la realidad lo demuestra.

Tampoco será por falta de instrumentos jurídico-políticos, pues también es cierto que estos existen: ya se hace, aunque tímidamente.

Respóndanse ustedes mismos. No es caridad lo que la gestión del mercado de viviendas requiere, lo que necesita es reglamentación para reconducir el actual abuso del derecho de vivienda, derecho, por cierto, recogido por la C.E. (¿dónde esta el PP aquí?). Y no tan sólo no es caridad lo que se necesita, sino que ésta tiene un efecto perverso y contraproducente: a más dinero dado a los posibles adquirientes (subvenciones, créditos blandos, ayudas al alquiler, ayudas a la entrada... según contempla en parte el plan 2005-2008 del Ministerio de Vivienda), mayor incremento se produce en el precio de los bienes inmuebles, pues mayor coste podrá ser soportado por los ciudadanos, y mayor beneficio obtendrán los promotores. Paradójico, pero cierto: las ayudas... ayudan a las constructoras. Y aunque sea necesaria la caridad para paliar casos extremos, sólo la extensión de la obligación de construir VPO podrá sacar a los jóvenes -o no tan jóvenes- de la implacable y aniquiladora lógica que promotores y constructores aplican: extraer a la ciudadanía toda la renta posible durante el mayor tiempo posible. Nadie en su sano juicio pide que la construcción quiebre, tan sólo que el mercado (en este caso, el de las VPO gestionadas según ley: registro de adquirientes y derecho de tanteo) actúe.

19/01/06